Los logros sociales se consiguieron gracias a este dominio de la izquierda, pero no solo por estar en línea con los idearios de izquierdas —que también—, sino por el enorme poder político y electoral que los representantes obreros, y más concretamente mineros, han tenido en la política regional e incluso nacional.
Al igual que ocurriera a la hora de mantener la siderurgia en Asturias en los 80, el gran poder autonómico de UGT permitió repetidas concesiones en todo lo relativo a los fondos mineros. Para ilustrar este poder es suficiente con citar un nombre: José Ángel Fernández Villa. Secretario general del SOMA durante treinta y cinco años, este langreano, que trabajó en Hunosa y Ensidesa, fue además miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, senador por Asturias y diputado en la Junta General del Principado. De él se decía que tenía el poder de decidir quién poner al frente de la Federación Socialista Asturiana —casi siempre sinónimo de designar la presidencia autonómica—. Todo parecía posible cuando su indiscutible liderazgo en cada pugna se sumaba al inigualable poder de movilización de los mineros asturianos.
Sin control
Pero el mismo gran poder que permitió obtener las ayudas del Estado tenía su lado oscuro. La opacidad y la falta de control de los fondos son transversales a cada ámbito de los planes del carbón. Aunque en los últimos años las administraciones públicas españolas han hecho un cierto esfuerzo por mejorar la transparencia y el libre acceso a la información, no se ha apreciado un cambio notable en las instituciones encargadas de los fondos. El Instituto para la Reestructuración de la Minería (IRCM) aprobó en 2013 un plan de medidas para abrir un catálogo de datos al público ese mismo año: dos años después, aún no se puede encontrar una sola estadística en su sede electrónica.
Informe de fiscalización: ayudas para la minería del carbón, 2005-2008
Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias
En los últimos años, varias instituciones han cuestionado la gestión de los organismos encargados de los fondos. En 2010, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias afirmaba que la gestión de los fondos mineros era poco eficiente “tanto desde el punto de vista operativo, como en su reflejo financiero”, y destacaba los bajos niveles de ejecución de los proyectos presupuestados entre 2006 y 2009: entre el 50 y el 70% del total.
Informe de fiscalización de Fundesfor, ejercicio 2010
Tribunal de Cuentas
Efectivamente, el gran número de agentes implicados —Gobierno, comunidad autónoma, ayuntamientos, sindicatos, empresas, organismos— sigue impidiendo un seguimiento eficaz del uso de los fondos. Un ejemplo que se puede juzgar de forma especialmente detallada es el de Fundesfor, la fundación encargada de la gestión de los fondos destinados a formación. En 2012, estando ya anunciado el cierre del organismo para finales de año, el Tribunal de Cuentas elevó al Congreso un informe de fiscalización que recogía las numerosas irregularidades en su gestión. El tribunal señalaba entonces que la fundación no monitorizó el cumplimiento de las obligaciones por parte de los becarios ni pidió justificantes de los gastos. Concedió ayudas a empresas que no cumplían los requisitos establecidos y tampoco les exigió garantías financieras. Ni siquiera reclamó el reintegro de las ayudas a las nueve empresas que subcontrataron la ejecución de los proyectos, lo cual estaba prohibido. El informe denuncia incluso cómo no se seguían las recomendaciones que el mismo tribunal había realizado en 2002: por ejemplo, la fundación seguía sin cruzar información con la totalidad de administraciones para evitar el fraude en las solicitudes.
Ambas instituciones coinciden en señalar la falta de control en la gestión de las ayudas. Los objetivos a veces no eran claros; el control de su cumplimiento, muy deficiente, y pocas veces se evaluaron los resultados. Los puntos débiles de las ayudas podrían haberse subsanado en los veintitrés años que han cubierto los sucesivos planes del carbón. Sin embargo, las agentes implicados —políticos y ciudadanos— no demandaron de forma contundente rendición de cuentas, quizá cegados por la lluvia de millones.
La corrupción
Cuando el río suena, agua lleva. La mala gestión política de la reconversión va más allá de la negligencia. En octubre de 2014, la Fiscalía Anticorrupción anunció que estaba investigando al mismísimo Villa por ocultar presuntamente 1,4 millones de euros a Hacienda. El histórico sindicalista se había acogido a la amnistía fiscal de Rajoy, pero la fiscalía sospechaba que la procedencia de ese dinero era ilícita.
El origen de esos fondos aún no está claro. Villa defendió que los 1,4 millones de euros provenían de la herencia de su madre, la cual regentaba un chigre en Tuilla (Langreo). Esta versión, poco creíble, fue desmentida por una de sus hermanas. Sin embargo, se apunta ya a tres fuentes: la participación del sindicalista en el comité intercentros de Hunosa, que le reportó 243.000 euros en gastos no debidamente justificados; las ayudas a cursos de formación a través de Fundesfor, cuyas cuentas, como denunció el Tribunal de Cuentas, no estaban claras, y el cobro fraudulento de comisiones por contratos para la construcción de una residencia para mayores propiedad del Montepío de la Minería, en el concejo de Aller. Según informaba El País, Villa, presidente del Montepío, consiguió en la fiesta minera de Rodiezmo (León) que José Luis Rodríguez Zapatero concediera subvenciones al organismo. Consiguió dar la dirección del Montepío a José Antonio Postigo, su amigo personal, y ambos colocaron a dos hijos con sendos contratos de 50.000 euros anuales y blindados con una anualidad en caso de despido. Al igual que Villa, Postigo y su hija regularizaron cientos de miles de euros con la amnistía fiscal del Partido Popular. “En 2012, cuando Villa se acoge a la amnistía, es cuando tienen lugar las movilizaciones de la minería más duras de los últimos años”, señala José Luis Alperi, secretario del mismo sindicato desde 2013, “te crea indignación y rabia”.
El testimonio de José Vía, representante del minoritario sindicato USO, causó también gran revuelo. En una entrevista al diario gijonés El Comercio, Vía afirma haber presenciado conversaciones delicadas en las cuales se reconocía de forma implícita malversación de fondos y tráfico de influencias por parte de los representantes de, al menos, UGT.
