“Un control más riguroso de los fondos habría producido otros resultados, estoy convencido”
Cuando José Luis Alperi llegó a la secretaría general del SOMA-UGT-FITAG en 2013, las expectativas eran altas: no era tarea fácil suceder a José Ángel Fernández Villa, quien lideró el SOMA durante treinta y cinco años. Pero pronto su labor se complicaría aún más: desde que su predecesor se ha visto envuelto en un caso de corrupción, este ovetense de 45 años trabaja por recuperar la credibilidad de un sindicato centenario que aún tiene mucho que decir sobre el futuro de la minería asturiana.
Alperi recibe un viernes por la tarde en la Casa del Pueblo de Mieres, uno de los centros de decisión sindical de las Cuencas Mineras.
—A falta de tres años para que termine el último plan y en teoría el cierre de la minería, ¿qué balance haría del impacto que han tenido los fondos mineros y de la gestión que se ha hecho de ellos?
—La aplicación de los fondos mineros tiene luces y sombras, eso no se le escapa a nadie. Las luces son, por ejemplo, que en torno a un 60% de las empresas que recibieron fondos mineros siguen funcionando y generando empleo. Pero en otros casos, se crearon unas expectativas con empresas de muchos empleos que al final no fructificaron y que generaron frustración. El ejemplo más claro está en Alas Aluminium. Esto provocó mucha frustración, porque se trataba de proyectos que daban mucho empleo, en especial a los jóvenes, y se van al traste en un momento de crisis en el que no hay otra opción de empleo cercano. Sin embargo, las empresas que se consolidaron pasan un poco más desapercibidas. Es verdad que ya tenían una trayectoria sólida, que no fueron de nueva creación: es el caso de Thyssen, los oftalmólogos Fernández Vega o Duro Felguera.
Y en la parte territorial hubo un error importante: no se respetaron los principios de adicionalidad y complementariedad. Los fondos mineros se negociaron con una buena filosofía. Iba a haber una reconversión minera: por tanto, había que ayudar a crear empleo con las ayudas a los proyectos empresariales; había que crear un entorno adecuado para vivir y trabajar en las comarcas mineras, lo cual se hizo con las ayudas a infraestructuras, y había que formar a la gente, a los jóvenes, para que entraran en el mercado laboral con unas mejores condiciones. Mientras tanto, habría que complementarlo con un colchón de rentas, las prejubilaciones, para que esa transición se pudiera hacer de una manera ordenada. Todo eso partía del principio de adicionalidad y complementariedad: se repartirían los Presupuestos Generales del Estado y los del Principado como si no hubiese fondos mineros y a las comarcas mineras se les dotaba, además, de fondos mineros que facilitarían el cambio de la estructura socioeconómica de las comarcas. ¿Qué ocurrió? Que no se hizo así.
“Se llegaron a pagar los saneamientos con los fondos, cuando en otros sitios se hacía con cargo a los presupuestos generales”
Hay muchísimas cosas que analizar, como si los proyectos empresariales fueron los adecuados o tuvieron la suficiente supervisión. Pero lo que no encaja es cómo se pueden, por ejemplo, pagar los saneamientos de muchos núcleos urbanos del Nalón con fondos mineros, cuando en otros sitios, donde no hay fondos, esos saneamientos se hicieron con cargo de los presupuestos generales.
—Teniendo en cuenta todo eso, ¿habría propuesto un reparto diferente de los fondos? Por ejemplo, ¿hubiese reservado menos fondos para infraestructuras y quizá más para proyectos generadores de empleo o para formación?
—Como digo yo algunas veces, cuando se mata al toro todo el mundo es torero. No me atrevo a replantear cómo repartir los fondos. Sí que en esta nueva negociación del plan se dejó claro que cualquier nueva infraestructura tendría que costearse como se hace en toda España, con dotación de presupuestos generales, y, sobre todo, que habría que atender un poco más al empleo. Las comarcas mineras tienen una tasa de desempleo muy alta, superior a la media de las comunidades autónomas donde están. Quizá ahora mismo volver la vista atrás no sería lo adecuado: en este momento habría que dedicarse a generar empleo, y a generar empleo en una medida que se pueda asumir y no intentar proyectos de 500 o 600 trabajadores en una factoría, porque eso en este momento es inviable.
—¿Cómo serán las cuencas a partir de 2018, cuando cierre la minería no rentable? ¿Puede prolongarse Hunosa más allá de esa fecha?
“Estamos convencidos de que Hunosa tiene que seguir extrayendo carbón en 2019. Hay tiempo para revertir la decisión de la Unión Europea”
—Desde el SOMA estamos convencidos de que Hunosa tiene que seguir extrayendo carbón en 2019. Hay una decisión de la Unión Europea de cierre para el año 2018, pero nosotros estamos convencidos de que hay tiempo para revertir esa decisión. Cada país de la UE tiene una soberanía energética que debería defender, y el Tratado de Lisboa recoge la libertad de elegir cómo generar energía y no tener una dependencia de más del 80% como ocurre en España. Se firmó un plan de empresa donde hay una serie de trabajadores que llegarán a esa fecha. Mientras tanto estamos tratando de revertir esa decisión de cierre que pueda permitir el seguir asegurando una reserva estratégica, una reserva de suministro que es necesaria porque te da una estabilidad en la generación. En un momento dado de repuntes, la energía eólica no ofrece un suministro estable y se necesitan combustibles como el carbón.
Por otro lado, los números son fríos, pero te dicen lo que hay. En Mieres, por ejemplo, habrá pronto más de 2.500 mujeres de más de 85 años. El número de hijos por matrimonio está descendiendo como en todos los sitios y la gente joven que está preparándose y estudiando busca trabajo fuera, porque aquí no hay trabajo. Sí que va a haber trabajo en el sector servicios y de cuidado de la tercera edad. Pero una actividad industrial, con empleo estable y de calidad que esta ofrece, no se va a dar aquí. Sí que las inversiones en infraestructuras pueden conseguir que quien trabaje en el parque tecnológico en Gijón, Avilés u Oviedo pueda seguir viviendo en las Cuencas, pero cuesta trabajo imaginar una actividad industrial como la que hubo. Seguimos teniendo que pelear porque se asienten aquí pequeñas y medianas empresas y un tejido industrial que vaya a generar empleos, con el que la gente permanezca aquí.
—¿Puede explicar la postura del SOMA en cuanto a todo lo que ha pasado con el antiguo secretario, José Ángel Fernández Villa?
—Nosotros aquí vamos a huir del amarillismo, de una cosa que se está utilizando de manera revanchista o pasando facturas. En abril de 2013, se abre un escenario nuevo cuando el anterior secretario general, José Ángel [Fernández Villa] anuncia que no se presentará a la reelección tras 35 años. En mayo, se celebra un congreso en Mieres de una manera un poco improvisada. Los afiliados de base deciden que había que hacerlo con más calma. Una gestora conduce al sindicato de mayo hasta septiembre, y en septiembre nosotros nos presentamos con una candidatura que yo encabezo. Aunque teníamos una trayectoria sindical, acabamos haciendo una ejecutiva con una media de edad sensiblemente inferior, en la que nadie cobra salario del sindicato.
Al principio digamos que había un poco de presión por estar a la altura de la figura de José Ángel. Nosotros fuimos actuando con el criterio que nos habíamos propuesto: con nuestras ideas, escuchando y hablando mucho a los afiliados. Yo estaba muy satisfecho de cómo íbamos haciendo las cosas. Entonces, de repente, al año de estar en la ejecutiva, sale a la luz que el anterior secretario general [Villa] se había acogido a una amnistía fiscal promovida por Montoro. Entonces se abrió un expediente de expulsión en el que quien es objeto del expediente se puede explicar ante los tribunales sindicales.
“Me enteré de la investigación a Villa por los medios”
—¿Se hizo de forma inmediata?
—Sí, nosotros al día siguiente abrimos el expediente. Yo de esto me entero por la noche, en los avances de la portada del día siguiente. Incluso en el Canal 24 Horas ya lo dieron ese día.
—¿No tenían información antes?
—Nada. Ni información ni sospechas. Además, aunque había dejado de ser secretario general, mantenía otros cargos orgánicos. En ese momento, él sigue siendo, por ejemplo, miembro del consejo de administración de Hunosa por la Junta General del Principado, presidente de Infide y presidente de la Junta Administradora del SOMA. Es decir, no tenía los cargos en el sindicato, pero había otros cargos que sí mantenía. Esa misma noche hablamos el secretario de acción sindical, el de organización y yo, y reunimos a la ejecutiva por la mañana. Según los estatutos, había una falta con la que habría que iniciar el expediente de expulsión. La ejecutiva está de acuerdo de forma unánime, y empezamos el procedimiento de expulsión, tutelado por Madrid y que duraría un mes. En el informe final se afirma que el sindicalista debe guardar unos valores sindicales y éticos que se habían roto.
Así que al año de empezar con una situación difícil nos encontramos con esta dificultad, pero que creo que unió más aún a la ejecutiva. El 28 de noviembre hay elecciones sindicales en Hunosa. Ahí nosotros notamos que todos los ojos estaban puestos en los resultados, si la gente iba a castigar al SOMA por lo que había hecho una persona, si íbamos a sufrir un batacazo que podría remover los cimientos de una organización centenaria. Pero obtuvimos un 62% de representación, ganamos las elecciones en todos los centros de trabajo y tenemos una mayoría absoluta en Hunosa. Eso nos reforzó: entendemos que esa parte sindical la habíamos superado. Pero falta la otra parte, la del dinero y de dónde había salido. Lo que tenemos que hacer es demostrar que el dinero no sale del sindicato. El sindicato como tal está supervisado por Madrid, pero hay otros organismos que no lo están. Evidentemente cuando él [Villa] sale del sindicato, sale también del resto de organismos, y nosotros entramos por responsabilidad. Y decidimos que todo lo que depende del SOMA-FITAG lo vamos a auditar.
—¿Interna o externamente?
—Primero internamente, porque queremos saber una aproximación.
—¿De qué fechas estamos hablando?
—De finales de año, entre octubre y diciembre. No nos volvimos locos. Analizamos lo que había y priorizamos. También eran prioritarias para nosotros en aquel momento las elecciones de Hunosa y otras cuestiones como los problemas con Starglass y otras empresas. No podemos dejar de atender a los afiliados y centrarnos en otra cosa. Cuando nos ponemos a revisar las cuentas, nos encontramos que necesitamos una opinión externa, profesional. Una empresa de Zaragoza, a través de la federación estatal, viene y hace una auditoría del SOMA-UGT y de Infide.
Pero cada cierto tiempo salía algo nuevo. Cuando estamos ya en ese proceso, sale la comisión de investigación de la Junta General del Principado, que considero que cumplió nada más que un papel político para lucimiento de alguno. Esto disipó todas las dudas que pudiera haber sobre hacer la auditoría externa: si no la hacíamos íbamos a estar en plaza pública y no íbamos a conseguir cerrar el tema. La auditoría acaba en mayo, porque resultó más compleja de lo que parecía. Y cuando acaba se detectan irregularidades en gastos no justificados, más pagos que deberían ir al sindicato como los cheques de Hunosa. Entonces no queda más remedio que ir a unos abogados y denunciarlo.
“En 2012, cuando tienen lugar las movilizaciones de la minería más duras de los últimos años, es cuando Villa se acoge a la amnistía fiscal. Te crea indignación y rabia.”
Todo ese proceso nos produjo bastante indignación. En 2012, [Villa] se acoge a la amnistía fiscal, y en 2012 es cuando tienen lugar las movilizaciones de la minería más duras de los últimos años. 70 días de huelga. Cuando hay gente encerrada y cuando fuimos caminando a Madrid. Yo, como todos los trabajadores de Hunosa, tenemos nóminas a cero, y estás siguiendo a una persona que realmente estaba con una doble moral. Resulta muy difícil entender por qué lo hizo. Entonces lo primero que te crea es indignación y rabia. Decepción. Y a partir de ahí lo que tienes que decidir es que te tienes que levantar y que tienes que caminar porque esta organización y la gente se lo merecen. Porque pones cara, nombres y apellidos y situaciones familiares a los problemas. Y ahora mismo nos gustaría que la fiscalía dijera de dónde salió el dinero de una vez. Nosotros podemos asegurar categóricamente que esos 1,4 millones que regularizó no salieron del sindicato, pero no va a estar zanjado el tema hasta que no digan de dónde salió, con todas las consecuencias.
—¿Más allá de la denuncia piensan hacer algo más?
—No. Hay una parte orgánica que hicimos, que fue la expulsión, la parte sindical. Y ahora entramos en una vía judicial que ya no depende de nosotros.
—La conclusión final de la comisión de investigación fue que la concesión de ayudas al geriátrico del Montepío de la Minería había sido irregular. Me había dicho que creía que había intereses políticos para llevar la comisión de esa manera. ¿Cuáles eran esos intereses?
—La concesión irregular de fondos al Montepío fue una de las cosas que más debatí en mi comparecencia. El Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón, que depende del Ministerio de Industria, pagó 27 millones de euros al Montepío. Y la concesión de esos 27 millones está avalada por un interventor, o dos o los que sea. Hay un secretario de Estado, un gerente del Instituto y un ministro. Si el presidente de la comisión de investigación me dice que se pagaron irregularmente esos 27 millones al Montepío, yo creo que no tiene que mirar al Montepío, tiene que mirar a quien los pagó. No puedes lanzar una sospecha de que está pagado irregularmente y no pasar nada.
“Si se pagaron 27 millones de forma irregular, los responsables son quienes los pagaron”
Se insistía en que se había forzado el cambio de un Real Decreto [por parte del sindicato para conceder las ayudas]... Pero yo no creo que un sindicato pueda exigirle a una persona que ostenta un cargo público “págame y hazlo de manera ilegal” o “cambia este Real Decreto y hazlo de manera ilegal”. No me lo creo. Y si lo hicieron, yo entiendo que son ellos, no quien cobra, los responsables. Si yo pido una beca y me la pagan de manera irregular, el que me la paga será quien tenga que responder. Yo que la cobro entiendo que me la están pagando bien.
“Técnicamente yo no sucedo a José Ángel Villa”
Lo que más difícil me resultó de la comisión de investigación de la Junta fue que yo no soy de letras, soy de números. Me producía mucho coraje que no hubiese un soporte documental que probara todas estas cuestiones. Puede parecer una banalidad o trivial: lo primero que me dice el presidente [de la Comisión, José Ignacio Prendes] es que soy el sucesor de José Ángel Fernández Villa. No. José Ángel se fue el 9 de abril de 2013. Hay un congreso en mayo donde sale una secretaria general. El congreso tuvo una ejecutiva que no se sintió respaldada y dimitió en el mismo congreso. Y entra una gestora, que permanece durante cuatro meses. Yo no sucedo a José Ángel, técnicamente no le sucedo. No puedo darlo por bueno cuando, realmente, hay unos hechos objetivos que dicen que no es así y es demostrable: hay actas del congreso, hay actas de la gestora, hay convocatoria de congreso. Todo eso que dice que no.
Otro tema es que no aportamos las dietas que cobraban Postigo [CC.OO.] y José Ángel a la comisión de investigación de la Junta. Nosotros partimos de dos premisas. Por una parte, estábamos haciendo la auditoría y puede ser que de lo que nosotros tuviésemos conocimiento en ese momento no fuese todo lo que teníamos que aportar. Pero la parte más importante era proteger al sindicato y a las personas que estábamos en el sindicato. Cuando nos piden las dietas que cobraron del sindicato, nosotros tenemos esa información, pero hicimos una consulta al letrado de la Junta. Queríamos que nos garantizaran que suministrando esos datos no íbamos a quebrantar la Ley Orgánica de Protección de Datos y que, si hay alguna denuncia por parte de los interesados contra el sindicato, se iban a hacer cargo ellos. Voy a colaborar contigo, pero ofréceme garantías legales de que a mí no me va a pasar nada. Cuando no nos las ofrecen nos planteamos qué hacer: ¿evitamos críticas o salvaguardamos al sindicato? Salvaguardamos al sindicato. Si quieren los datos que vayan judicialmente. En esas cuestiones que parece que no tienen importancia nosotros somos muy escrupulosos, porque no veíamos que la comisión de investigación fuese a tener resultado. Porque en el momento que ves que llaman a 67 personas, que la mitad de las personas a las que llamaron estuvieron en una comida celebrando con cava el que pasaba esto con José Ángel…
—¿Quiénes?
—Por ejemplo, [Antón] Saavedra, [Laudelino] Campelo y Belarmino [García Noval]. Hay un reportaje de Interviú: celebraron con una comida en Laviana que hubiesen cogido a José Ángel con la amnistía. Cuando hay esa parte amarilla, que yo llamo así, nosotros tenemos que salvaguardar el prestigio de este sindicato y tenemos que ser más rigurosos de lo que lo seríamos en unas condiciones normales.
—¿Se hizo demasiado pronto la comisión? ¿Hubiesen preferido que se hubiese esperado, por ejemplo, a tener la auditoría externa?
—Nosotros ahora mismo no hubiésemos tenido ningún problema con entregar los informes de la auditoría. De hecho, se los hemos mandamos a la UCO [el órgano judicial de la Guardia Civil], para colaborar con la investigación, porque entendemos que somos nosotros los más interesados en que se esclarezca de dónde salió el dinero.
No entiendo por qué se llamó a declarar a Javier Fernández, que fue presidente del Principado, pero no se llamó a Álvarez Cascos, que también fue presidente. También fue una persona porque escribió un artículo muy sensacionalista en la prensa, de cuando él era jefe del departamento económico de Hunosa. Pero solo se llamó a ese. ¿Por qué no a los anteriores y posteriores? Si José Ángel convivió 35 años con ellos, parece razonable que si vas a llamar a uno llames al anterior y al posterior cuando menos.
Además, la comisión nace sabiéndose que los ministros de Industria, los gerentes del Instituto y demás no tienen por qué venir, porque no tienes más ámbito que la comunidad autónoma. Se hizo muy alocadamente, demasiado pronto y con unos intereses muy claros. De hecho, quien fue presidente [Prendes] estaba en UPyD y ahora está en Ciudadanos y va a ser candidato a nivel nacional. Hay cuestiones que analizar y cada uno podrá sacar las conclusiones que saque. Yo tengo alguna.
—Ya desde hacía tiempo la Sindicatura de Cuentas estaba viendo, no solamente en la gestión del sindicato, sino en todas las ayudas por parte de todos los agentes, que había falta de control y de rigor sobre cómo se daban las ayudas y cómo se monitorizaban. Después, el Tribunal de Cuentas denunció las irregularidades en Fundesfor. ¿Qué se podía haber hecho para controlar mejor los fondos? ¿Cree que la falta de control fue un problema para el uso de los fondos mineros desde 1998 hasta ahora?
—Un control más riguroso no hubiese sido un problema. ¿Por qué no se hizo? Yo creo que se pensó que el control que se hacía era suficiente. De hecho, a lo que aludes: el Tribunal de Cuentas sobre Fundesfor, en 2010 emite un informe con sus observaciones, pero no va más allá.
—Claro, es solo un tribunal de cuentas.
—Claro. Hay una cuestión que yo siempre señalo. Los sindicatos no tuvimos nada que ver con la gestión. Nosotros no teníamos influencia sobre la gestión de los fondos. Nosotros negociamos, como te decía, unos fondos, que venían a paliar el descenso de la minería. En los capítulos que te comentaba: unas infraestructuras para mejorar la habitabilidad de las comarcas mineras con adicionalidad y complementariedad, unos fondos para las ayudas empresariales, unos fondos para formación y un colchón de rentas de prejubilaciones para que, mientras ese proceso se consolidaba, en las comarcas no hubiese mayores problemas. Pero, a partir de ahí, el dinero que se daba a una empresa no lo daba el sindicato ni pasaba por el sindicato. Las becas no las daba el sindicato, sino que había una fundación, Fundesfor, que las emitía en base a unas solicitudes y las daba en base a una puntuación. Las ayudas a las infraestructuras y a los ayuntamientos se daban a las corporaciones y comunidades. Nosotros estábamos en la mesa regional de la minería hablando sobre proyectos, y tú podías decir de este proyecto o este otro, pero quienes tomaban la decisión última de dar el dinero y de otorgar el proyecto eran las administraciones, tanto la central como la autonómica.
—Sin embargo, Vicente Álvarez Areces [expresidente del Principado] insistía en la comisión en que el papel del Principado estaba basada, básicamente, en la lealtad institucional hacia otros que decidían. Y es verdad que, de los planes del carbón, mucha de la decisión política estaba en manos de los sindicatos. ¿No hay cierta responsabilidad, quizá, de haber exigido y ejercido un mayor control de los fondos?
“Empezamos a pedir control porque se empezaba a ver que se perdía empleo, no porque se viese nada raro”
—Es verdad que lo pedimos y fue casi al final cuando pedíamos dos cosas: agilidad y control. Agilidad, porque veíamos que los proyectos no se iban haciendo, porque se tardaba muchísimo en que las partidas se aplicasen en ayudas empresariales. Y control, no porque vieses nada raro, sino porque se empezaba a ver que se perdía empleo. Yo creo que el control se empezó a pedir en el momento que se veía que los proyectos no funcionaban como tenían que funcionar. Si intentamos ahora situarnos en la negociación, cuando te destinan esa ingente cantidad de dinero a estos territorios, yo creo que todo el mundo se vio un poco superado. No estaba preparado para gestionar eso con unos resultados que fuesen, por lo menos, buenos o aceptables. Quizá también la Administración central, el Gobierno de España, debería haber controlado mejor a qué daba el dinero, y si se estaba empleando con buenos fines. Pero claro, cada cuatro años hay elecciones, y puede que tengas un resultado electoral que no te gusta si eres excesivamente riguroso. Como moralmente tú entiendes que se van a aprovechar bien, digo como Administración o como gobierno, pues te relajas un poco. Hasta que empiezan a aparecer las primeras alarmas: proyectos que no fructifican, retrasos en infraestructuras que deberían estar ahí o cuestiones que todavía no tienen mucha explicación. Por ejemplo, la autovía Oviedo-Grao-Salas-La Espina, que ahora se retoma, tendría que estar hecha con fondos mineros. Pero parece el Ministerio de Fomento y hace un cambio. Son cuestiones que torpedean la efectividad de los fondos.
“No hubo una visión supramunicipal”
—Entonces digamos que ha sido una oportunidad perdida por la falta de control.
—Yo creo que un control más riguroso desde el principio hubiese producido otros efectos finales en la aplicación de los fondos, de eso estoy convencido. Y no porque haya habido mala fe al aplicarlos, sino porque a lo mejor no había la preparación suficiente entre quienes tenían que decidir, o el convencimiento suficiente de qué obras pueden ser necesarias. No hubo una visión supramunicipal. Cada municipio quería su piscina, su auditorio, su cancha deportiva… Cuando a lo mejor en una ciudad más o menos lineal, como puede ser la comarca del Nalón o la comarca del Caudal, pues había que poner, a lo mejor, una piscina en Mieres, o las instalaciones deportivas en Lena y el auditorio en Riosa, por decir algo.
—¿Y quién pudo haber gestionado eso? ¿El Gobierno del Principado?
—El Gobierno del Principado, en aquel momento, y quizá las mancomunidades de la Montaña Central o la del Valle del Nalón tendrían que haber tenido una visión más amplia, más generosa. Lo que pasa es que calificar todo esto cuando pasó es como el que te coge un ejercicio, no te dice cómo lo tienes que hacer, y cuando lo tienes hecho dice "toma, esto está todo mal" y te lo tacha en rojo. Resulta un poco ventajista, ¿no?
Evidentemente si ahora mismo volviésemos atrás, con la experiencia que tenemos o con los conocimientos que hemos adquirido durante todo este tiempo, lo primero que tendrías que exigir es que no se utilizasen los fondos mineros para cuestiones que tienen que venir por presupuestos generales. El ejemplo más sangrante son los saneamientos. No lo voy a aplicar para saneamientos porque donde no hay fondos mineros qué, ¿no van a tener saneamientos? Un control más eficaz también hubiese eliminado sobrecostes. Los sobrecostes de la “Y” de Bimenes son una brutalidad. Tú no puedes presentar un proyecto con un coste y luego que tengas un 70% o un 40% de sobrecoste.
“Sigo sin entender cómo los ingenieros de Minas están en Oviedo y no en el campus de Mieres”
Y luego es verdad que hay otra parte que no creyó en las comarcas. Por ejemplo, sigo sin entender cómo los ingenieros de Minas están en Oviedo y no en el campus de Barredo [Mieres], el campus de las Comarcas Mineras. Está a un 40% de utilización. Si tienes un campus nuevo aquí que puedes utilizar, que tiene una residencia de estudiantes primorosa, que tiene unas instalaciones deportivas al lado muy buenas… Pues haz algo. Tienes una estación de autobuses: el consorcio [de transportes] tendría que haber puesto unas conexiones adecuadas. Porque si hay cuarenta alumnos en ingeniería de minas, quizá veinte son de fuera de Oviedo, alguno incluso de aquí. Si se desplazan veinte alumnos todos los días, pueden desplazarse a Mieres. “No, es que el campus se empeñaron los sindicatos en hacerlo”. Bien, pero quien gobierna tendrá que decir a los sindicatos: “no lo vamos a hacer, porque luego no lo voy a llenar, no lo voy a implementar como tal, entonces no lo vamos a hacer”. Quien tiene que decir que no se hace no te dice que no y lo hace, pero cuando tienes que dar el rendimiento que tienes que dar, no lo das. Hay cosas que se podían haber hecho de manera muy distinta.
Yo tengo un crío de 6 años ahora. Yo creo que cuando su generación, o más bien la siguiente, cuando ya de esto no queden más que vestigios, alguien vendrá y analizará la manera de vivir que había aquí como ahora se analiza [el poblado minero de] Bustiello. Igual que se analiza ahora la cultura paternalista, se hará con los fondos mineros: su porqué, qué se pretendía. A mí lo que me gustaría que la gente analizase es que siempre criticamos todo lo que se hace aquí. Hay una cultura un poco peculiar. A veces quedo a tomar un café con Marcos Merino, el que hizo Remine, la película de la marcha a Madrid, y aún sigue haciéndose preguntas. Porque, por ejemplo, le llama gente recriminándole haber tenido 30 segundos más a Comisiones [Obreras] que al SOMA, o viceversa.
Tiene que pasar un tiempo importante para que se pueda analizar con más objetividad. Porque sí es verdad que cuando analizas, analizas también a personas. Yo no puedo hablar de fondos mineros sin abstraerme de que hay compañeros ahí que estuvieron rompiéndose la cabeza, dando el callo, con muchos quebraderos de cabeza con lo que se estaba haciendo y denunciando incumplimientos y dando cabezazos contra un muro porque no les hacían caso. Como ahora: recorta el Gobierno un 63% de las ayudas del carbón y sales a la calle, haces todo eso, y consigues que no recorte más y estabilizas. Entonces cuando hablas de fondos mineros pues yo no me puedo abstraer de quién estaba allí. Poner cara pues a Conchi [Alonso] o poner cara a Ramón o a José Ángel o a Mandi [Jesús Armando Fernández Natal]. Y por parte de Comisiones pues a Mino [Maximino García] o a Juan Carlos o gente que estuvo también ahí. Lo quisieron hacer lo mejor que supieron o lo mejor que pudieron para las comarcas. Porque hay una responsabilidad también grande. Y seguramente que ellos mismos, si volvieran atrás, cambiarían muchas cosas. Pero no podemos volver.